"Es nuestro deber y responsabilidad velar por sus intereses legítimos, y lo que es más importante, por su seguridad en el puesto de trabajo”, afirma la diputada parlamentaria de Ciudadanos, Concha Insúa.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, con el único voto en contra de Adelante Andalucía. La diputada parlamentaria del grupo Ciudadanos, Concha Insúa, ha defendido en pleno la iniciativa y ha puesto el acento en las agresiones que estos servidores públicos sufren, “más de 21 mil funcionarios han padecido alguna agresión, y más de 455 se han producido en nuestra comunidad autónoma”, es decir, asegura Insúa, “más de un tercio se producen en Andalucía”.

La diputada de la formación naranja ha criticado que ninguna ley les reconoce el rango de agentes de la autoridad, y ha catalogado de “curioso” que no haya una modificación de la misma desde que entró en vigor en 1979, “40 años sin abordar la modificación del artículo 80.2 que daría cobertura a los funcionarios públicos de prisiones”. Asimismo, Insúa ha tildado de vergonzoso que el año pasado en el Congreso de los Diputados, “tanto PSOE, como Podemos, PNV y grupo mixto, votaran en contra de su reconocimiento como agentes de la autoridad”.

Insúa ha puesto en valor labor diaria que ejercen los funcionarios de prisiones, que a pesar de todo, “mantienen un entorno seguro y sin riesgos para los internos ayudando a su rehabilitación”, y quienes alegan, según asegura la diputada parlamentaria que “muchas de las agresiones sufridas se podrían haber evitado si estos hubiesen sido reconocidos como agentes de la autoridad”. A todo ello, afirma Insúa, “hay que sumarle la falta de medios de protección y la falta de personal”.

Para finalizar, la diputada de la formación naranja asegura que “en Ciudadanos ponemos en el centro de nuestras políticas a las personas”, por lo que,“defenderá siempre su seguridad en el trabajo, jamás nos pondremos de perfil en situaciones tan injustas”, afirma Insúa. Quien al concluir ha defendido que “es prioritario que la Ley Orgánica 1/79 General Penitenciaria de 26 de septiembre, debería completar esta consideración de agentes de la autoridad”.