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Aprobada por unanimidad la propuesta de Cs para mejorar la accesibilidad de los centros médicos a personas con discapacidad física y sensorial

by csandalucia — 20 diciembre 2017 @ 20:19
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“Debería darnos vergüenza que los poderes públicos no cumplan la normativa”, lamenta la portavoz adjunta Marta Bosquet, quien recuerda el caso del paciente almeriense con problemas de audición que estuvo esperando 7 horas para ser atendido porque no podía oír las llamadas del personal médic

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley de Ciudadanos relativa a mejorar la accesibilidad de los centros de salud a personas con cualquier tipo de discapacidad, después de que el pasado verano un paciente sordo estuviera 7 horas esperando sin ser atendido en el hospital almeriense de Torrecárdenas porque no oía las llamadas del personal médico.

De esta forma, la iniciativa de la formación naranja que se ha aprobado establece un plazo para elaborar un registro de centros hospitalarios y de salud que no cuenten con sistema adaptado, con el objetivo de elaborar un informe con las condiciones básicas de accesibilidad y la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación y un calendario para su implementación. Y por supuesto, acometer las actuaciones que sean necesarias para garantizar esa accesibilidad a la información y comunicación en los centros de salud

La portavoz adjunta de Ciudadanos, y diputada por Almería, Marta Bosquet, ha sido la encargada de defender la iniciativa apelando a que “ese anhelo, que es la plena inclusión, sea una realidad real y no de papel para ese más del 9% de la población andaluza que cuenta con alguna discapacidad”.

“Es cierto que se ha andado mucho y cruzado muchas barreras hacia la total inclusión, pero queda camino por recorrer”, ha lamentado la dirigente de la formación naranja, quien ha desglosado la extensa normativa existente sobre esta cuestión, poniendo especial énfasis en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de 2013, que establece la obligación de las administraciones públicas de adoptar las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

“Deberíamos darnos vergüenza que el pasado 4 de diciembre venciera el holgado plazo, desde que fue dictada, para que se hubieran tomado todas las medidas necesarias para adaptar y asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a cualquier entorno, servicio, producto, información, comunicación, y sin embargo ningún gobierno local, autonómico o nacional lo haya cumplido”, ha lamentado Bosquet, quien se ha preguntado por qué no se sanciona a los poderes públicos cuando incumplen las normas, al igual que sucede con cualquier particular.

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