La portavoz adjunta, Marta Bosquet, se pregunta cómo es posible que "la comunidad más extensa de España sea la que menos invierta en este órgano fiscalizador"

«Es necesario reforzar el papel fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Su reforma es algo que estaba en nuestro acuerdo de investidura. Y si no la trae el Gobierno, la traerá Ciudadanos». Así lo ha dicho hoy durante su pregunta oral en la sesión plenaria de hoy la portavoz adjunta de Ciudadanos, Marta Bosquet, quien se ha preguntado cómo es posible que «la comunidad más extensa de España sea la que menos invierte en este órgano fiscalizador».

«¿No interesa a este gobierno o a los distintos ayuntamientos y diputaciones del PP y del PSOE esa mejor y mayor fiscalización?», se ha preguntado Bosquet, quien ha apostado por que «las corporaciones locales tengan la obligación de remitir en un plazo oportuno la implementación en la gestión de las recomendaciones que lleve a cabo la Cámara en sus informes para que esa fiscalización sea completa y se tenga la obligación de reportar», ya que actualmente «hay muchas entidades que incumplen sistemáticamente sin que existan ningún tipo de reprobación o consecuencia al respecto».

La dirigente de la formación naranja también ha abogado por «adoptar medidas que estimulen dicha obligación y transparencia», al tiempo que ha exigido que «se adelanten los para la rendición de la Cuenta General de la Junta de Andalucía para que se aproximen lo máximo posible al ejercicio que se corresponda al que se refiera la fiscalización». Asimismo, Bosquet no ha dudado en plantear «posibles multas coercitivas, incluso personales, a los responsables, sean políticos o funcionarios, en el caso de que vencido el plazo de rendición de cuentas no lo cumplieren o no colaboren en dicha rendición», siempre dotando para ello de «más recursos a dicho órgano».

Todas estas medidas repercutirían en un «aumento de la transparencia y productividad de las administraciones, y para ello, sería necesario aumentar los medios materiales y humanos de la Cámara y poder fiscalizar a todos los ayuntamientos y diputaciones de más de 50.000 habitantes».