La diputada de Ciudadanos pone de relieve la "extraordinaria utilidad de la comisión tras sus dos primeras sesiones de comparecencias", y considera "intolerables las gravísimas irregularidades y la relajación de los controles" hechas públicas por los funcionarios de la Intervención

«La Junta de Andalucía debe ofrecer una explicación a los andaluces después de que los interventores hayan manifestado un presunto menoscabo de los fondos públicos y posible prescripción de los expedientes de 2008 hacia atrás». Así lo ha dicho la diputada y portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, en la comisión de investigación en el Parlamento Andaluz sobre los cursos de formación concedidos desde 2002 hasta la actualidad. Y ha calificado de «intolerable y vergonzoso» todo lo relatado por los funcionarios públicos, especialmente en el caso del interventor provincial de Huelva.

«Según este señor, ha habido menoscabo de fondos públicos», ha alertado Bosquet, quien también ha resaltado el «inadmisible aplazamiento del plazo de justificación, el incumplimiento del compromiso de contratación, así como que la práctica totalidad de los expedientes presentaban irregularidades» que ha denunciado el funcionario onubense, al igual que su homólogo granadino. «Y todo ello en Andalucía, una comunidad con un 30% de desempleo. Los andaluces no se merecen la falta de control y lo que se ha hecho con los fondos que iban destinados a la formación de sus desempleados», ha lamentado la diputada de la formación naranja.

En este sentido, Bosquet ha puesto en valor la «extraordinaria utilidad tras sólo dos sesiones de comparecencias» de esta comisión de investigación impulsada por su formación, ya que «está permitiendo a los andaluces conocer las gravísimas irregularidades y la relajación de controles que han puesto de manifiesto varios interventores». Unas irregularidades que, según ha puesto de manifiesto el interventor provincial de Granada, «pasan por la falta de proactividad del SAE» para conocer el destino de los fondos de formación, así como para intentar restituir las cantidades que se pudieran recuperar, o por el hecho de que «sólo en un expediente se cuente con la autorización expresa de la administración que obliga la normativa para permitir la vinculación entre los beneficiarios y los proveedores de servicios».